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Denunciamos ante el Consejo de Europa que España incumple la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRoM)

Los principales incumplimientos del Estado español tienen lugar en los ámbitos de la justicia y las administraciones públicas.

El Estado español incumple el tratado internacional de promoción de las lenguas regionales o minoritarias. Así lo ha denunciado la Plataforma per la Llengua en un informe que ha presentado ante el Comité de expertos del Consejo de Europa, que actualmente está evaluando el cumplimiento de la Carta.

El informe, coordinado por la Plataforma per la Llengua junto con la Fundació Catalunya, ha contado con la contribución de entidades de todo el dominio lingüístico, como el CIEMEN, Juristes per la Llengua, Grup Barnils, Acció Cultural del País Valencià y Escola Valenciana, Obra Cultural Balear, el sindicato balear STEI y Moviment Franjolí. Según el estudio, que evalúa los últimos tres años, los principales incumplimientos del Estado español se producen en los ámbitos de la justicia y las administraciones públicas.

En relación con el primer punto, la Ley Orgánica del Poder Judicial no garantiza que los órganos jurisdiccionales dirijan los procedimientos en catalán a petición de una de las partes y, además, no exige el nivel de suficiencia en catalán a los jueces que pidan plaza en territorios del dominio lingüístico catalán. Para cumplir plenamente con estos artículos de la CELRoM, el Comité de expertos ya remarcó en el último ciclo de evaluación que el Estado español debería reformar la ley para garantizar que el catalán pueda ser utilizado por los órganos jurisdiccionales a petición de una de las partes, y que se debería exigir el requisito lingüístico a jueces, magistrados y personal al servicio de la administración de justicia. No obstante, el Estado español no ha emprendido ninguna acción para cambiar esta situación, y las Cortes españolas han rechazado todas las iniciativas que buscaban revertir estos incumplimientos.

En materia de administraciones públicas, el Comité de expertos ha dictaminado que el Estado español debería garantizar que las autoridades administrativas usen el catalán en sus comunicaciones con los ciudadanos. Nuevamente, la falta de requisito lingüístico para muchas de las posiciones de la Administración general del Estado en los territorios del dominio lingüístico catalán impide cumplir con este artículo, hecho que tiene como principal consecuencia la sucesión de casos de discriminación lingüística de catalanohablantes cuando se dirigen en catalán a funcionarios del Estado español. En cuanto al derecho de utilizar el catalán con órganos administrativos estatales que tienen la sede fuera del dominio lingüístico, la Ley de Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común excluye directamente esta posibilidad. A pesar de que el Comité de expertos ha manifestado también que el redactado actual de la ley impide cumplir con las disposiciones de la CELRoM, el Estado español tampoco ha hecho nada para solucionar estas discriminaciones estructurales.

En los próximos meses el Comité de expertos dictaminará cuáles son las disposiciones de la CELRoM que el Estado español está incumpliendo y emitirá sus recomendaciones sobre los cambios legislativos que se deberán llevar a cabo. A pesar de los últimos requerimientos ignorados, y aunque las resoluciones del Consejo de Europa no son de obligado cumplimiento, desde la Plataforma per la Llengua esperan que una nueva resolución en este sentido suponga un elemento de reacción para el Estado español, y se inicie así un período de reversión de las políticas discriminatorias, que han sido una constante desde la firma de la Carta.

Un tratado internacional para proteger las lenguas históricas

La CELRoM es un tratado promovido por el Consejo de Europa del año 1992 que tiene como objetivo proteger las lenguas históricas de Europa que no tienen carácter oficial a nivel de estado, llamadas también regionales o minoritarias. Con este objetivo, la Carta compromete a los estados firmantes y ratificadores a garantizar unos derechos mínimos en materia de educación, justicia, administraciones públicas, medios de comunicación, cultura, actividad económica y cooperación transfronteriza.

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